Por Marta Liotto, Presidenta del CPI (Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires)
Desde que se comenzara a hablar de la sanción de una Ley de Alquileres, los profesionales inmobiliarios advertimos que la norma generaría serios desequilibrios en el mercado locativo. Desafortunadamente, no fuimos escuchados, y hoy los resultados negativos de la norma están a la vista de todos.
La triste realidad es que la actual Ley de Alquileres solo ha tenido consecuencias negativas para todos los actores del mercado. Sus injustas determinaciones respecto a la duración de los contratos (tres años) y al formato de actualización (anual y atado a un índice que emite el Banco Central), entre otras, desincentivaron a que vuelquen unidades al mercado.
En los tres años que han pasado desde la sanción de la Ley, la Ciudad de Buenos Aires en su conjunto ha perdido entre el 40 y el 45% de su oferta locativa de viviendas. Y se trata de un proceso que se profundiza mes a mes, ya que solo una muy pequeña porción de las unidades que finalizan su contrato vuelven a ponerse en alquiler. Es decir, vamos camino a que en nuestra ciudad no haya alquileres disponibles.
Esto, consecuentemente, generó un incremento de precios de los alquileres. Si le sumamos la inestabilidad económica crónica que vive nuestro país (exacerbada en estos últimos años) se genera una situación verdaderamente insostenible. No olvidemos que los incrementos anuales se definen en parte según el índice de inflación.
Con el vencimiento de los primeros contratos firmados bajo esta Ley (que comenzó a regir en julio de 2020) todas estas problemáticas y disfunciones se siguen potenciando.
Se trata, en resumen, de una situación insostenible para todos los actores del sector. A los inquilinos se les dificultó enormemente conseguir un techo a un valor que les sea posible pagar, lo que puso a millones de familias en riesgo de no tener un hogar. Los propietarios vieron afectada la seguridad y estabilidad de sus inversiones. Y los profesionales inmobiliarios perdimos una parte importante de nuestro trabajo.
A pesar de que lo nocivo de esta Ley está a la vista de todos, desde la Política ha habido muchas palabras y pocas definiciones para avanzar en la solución del problema. Resulta imperativo que la solución a la problemática de los alquileres sea una prioridad en la campaña electoral, porque el sufrimiento que la misma está generando requiere una respuesta urgente.
A fin de solucionar la injusticia que ha representado esta nefasta norma, desde el CPI venimos trabajando incansablemente en el diseño de un plan integral para el mercado de alquileres.
El mismo consiste, en primer lugar, en retrotraer la normativa respecto de duración y forma de actualización de los contratos. Esto significa volver a los períodos de dos años de duración, y dejar el formato de ajuste al libre acuerdo entre inquilinos y propietarios.
Pero la situación es tan grave que no podrá ser solucionada únicamente con la readecuación del marco normativo. Para que el mercado se recupere verdaderamente es necesario avanzar con políticas que promuevan el aumento de stock. Me refiero, sobre todo, a beneficios fiscales para los propietarios e inversores que vuelquen unidades usadas o nuevas al mercado de alquiler.
Solo con políticas que se enfoquen en ambos ejes se podrá dar vuelta la crítica situación del sector, permitiendo que el sector inmobiliario y de la construcción vuelva a ser uno de los pilares de la economía nacional.